Una aproximación histórica
Por Ángel Sosa
Todos sabemos que el cobro de impuestos en la República Dominicana es desde los tiempos de la colonia; antes del año 1930 en el país no
existió una política tributaria definida que habilitara la creación de una estructura
impositiva adecuada y de un organismo fiscalizador que controlara las funciones
tributarias de la economía nacional. Por tanto, los pocos ingresos fiscales obtenidos en esta época,
estuvieron compuesto por el Arancel Nacional del año 1919 que era administrado
por los Estados Unidos, cuando la ocupación del 16.
La existencia en nuestro país de un
organismo administrador y colector de tributos y tasas internas tiene su origen el 13 de abril de 1935 a través de la Ley No.855 que dispuso la creación de un Departamento de Rentas
Internas dependiendo de la
Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito
Público como se le denominaba en aquel entonces a la actual Secretaría de
Estado de Finanzas.
Esta oficina tenía a su cargo la recaudación de todos los impuestos y otras rentas fiscales
que no estuviesen destinadas al servicio de aduanas,
entre ellos: los impuestos sobre alcoholes,
bebidas gaseosas, tabacos y cigarrillos,
fósforo, patentes comerciales e industrias
peaje, espectáculos públicos y deportivos, armas
de fuego, venta de
muebles, juegos
de azar e hipódromos, entre otros.
Mediante la Ley No.127 del 7 de
Junio de 1939, se crea el Impuesto sobre la Propiedad Urbana, con el propósito de
gravar toda transmisión de bienes muebles e inmuebles, ya fuera por motivos de
donación entre vivos o por causas de muerte.
Este impuesto se compartió luego con la Ley No.131, promulgada
tres (3) días más tarde siendo ambas refundidas en las Leyes
No.125 y 144 para constituir el Impuesto sobre Sucesiones,
Particiones y Donaciones.
Posteriormente se promulga la Ley No.761 para
instituir del Impuesto sobre la Propiedad Urbana y
Otras Mejoras la cual disponía de un aumento a las tarifas impositivas.
El 11 de febrero de 1949 se crea por
primera vez el Impuesto sobre la Renta mediante la Ley No.1927 para
establecer un impuesto anual sobre la renta obtenida
en el país tanto por las personas físicas como las morales. Esta misma ley dio
origen a la Dirección
General del Impuesto sobre la Renta que tenía a su cargo
todo lo relativo a la administración de los gravámenes considerados en la misma y, durante
ese mismo mes, se promulgó también la Ley No.1928 sobre Pagos a Cuenta del Impuesto sobre la Renta.
La
Dirección General de Impuesto sobre
la Renta estuvo
vigente hasta el 27 de Diciembre de 1950 cuando se instituye la Ley No.2642 para
sustituirla por la Dirección General de Impuesto
sobre beneficios. Con esta nueva disposición legal también desapareció el Impuesto sobre la Propiedad
Mobiliaria que se había implementado en 1939.
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