Angel Sosa Frías (1)
Con fines del Ordenamiento del Territorio, hay que definir los criterios que permiten traducir en términos económicos los efectos de los fenómenos físicos y atmosféricos de la naturaleza, estos son: los sismos, ciclones, huracanes y terremotos y el peligro que representa. En efecto, sólo en términos económicos se podrá expresar un común denominador de los diferentes aspectos tomados en consideración en la ordenación del territorio y el urbanismo. Se deberían dar a conocer las consecuencias económicas de los fenómenos naturales en todos los sectores de la inversión: Agricultura, Ganadería, Construcciones civiles, Actividades industriales, turismo, etc.
Si bien es cierto que los fenómenos naturales en sí, son iniciados por fuerzas mayores incontrolables y hasta ahora algunos impredecibles, el desastre que le sigue es la generada por la falta de previsión y de planificación de las ciudades.
La pobreza empuja a la población rural de la Republica Dominicana al cultivo y pastoreo excesivo de las tierras. La deforestación aumenta la inestabilidad de los suelos haciéndolos más vulnerables al poder de los sismos y desastres climáticos.
La pobreza empuja también a la población urbana a la construcción de edificaciones informales, sin los más mínimos requerimientos técnicos y legales. La falta de una adecuada aplicación de las leyes, genera un porcentaje alta de construcciones sin los más mínimos requerimientos de seguridad. El hombre con su ignorancia está volviendo el medio ambiente más propenso a los desastres y haciéndose él mismo mucho mas vulnerable.
De los sectores de la inversión, el de las construcciones civiles es el sector más vulnerable a los terremotos, huracanes y es el que cubre todos los aspectos principales del problema sísmico.
En la construcción, los efectos económicos no se miden únicamente por el costo de los posibles daños que puedan causar los desastres futuros. La evaluación del costo en relación con la probabilidad de los eventos sísmicos correspondería a los problemas técnicos que tendría que resolver una compañía de seguros que intentase definir la cuantía de riesgos sísmicos que tuviera que asegurar, o bien, al marco de la planificación de los riesgos de desastres naturales exclusivamente desde el ángulo del costo de los auxilios y de la reconstrucción.
A esto hay que añadir el costo de todas las medidas preventivas encaminadas a aumentar la resistencia de las estructuras y el resultante de la protección sismorresistentes en la densidad de construcción, que se manifiesta por un aumento del costo del terreno y por tanto del costo global de la construcción, además también hay que tener en cuenta el costo del riesgo de perdidas de vida humanas.
La cuantía del costo de los daños previstos y de las medidas de prevención depende del nivel de prevención que se decida adoptar en función del peligro sísmico, es decir, del riesgo de colapso que se este dispuesto a aceptar.
Es de esperar que, cuanto más robusta sea la construcción menor será el riesgo para una magnitud sísmica dada.
A este respecto, podemos afirmar que lo niveles de riesgos aceptados implícitamente en los reglamentos para construcción vigentes en el país, no se fundamentan en el análisis de costos y ventajas que corresponden a los diversos grados posibles de rigor de esos reglamentos, sino, que son mas bien, consecuencias de una tradición basada en la observación empírica de los daños provocados por terremotos en el pasado.
Pero, por desgracia para el país, más del 90% de las construcciones existentes se edificaron sin tomar en cuenta dichos reglamentos. Pues, a pesar de que existen desde 1979, su aplicación es mínima debido al alto porcentaje de viviendas ilegales construidas en el país por aficionados, debido a la falta de controles adecuados en este importante renglón.
Esta grave situación aumenta a niveles alarmantes la vulnerabilidad de las ciudades dominicanas y horroriza pensar las consecuencias socioeconómicas actuales de un terremoto.
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